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Politics

Adriana Lastra vuelve a brillar en la política nacional al exigir que el PSOE actúe contra Salazar ante la Fiscalía.

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Resumen editorial de DCM:Esta historia ha sido reescrita y resumida de forma independiente para los lectores de DCM, con el fin de resaltar los principales acontecimientos relevantes para la región. Información original de El Espanol, haz clic en este post para leer el artículo completo original.

Adriana Lastra ha liderado una petición para que el PSOE denuncie a Paco Salazar ante la Fiscalía debido a denuncias de acoso sexual en su contra. Esta propuesta ha recibido el respaldo de varias federaciones del PSOE, que critican la forma en que Ferraz ha manejado el caso de Salazar. Según el protocolo interno del partido, se dispone de hasta seis meses para investigar y resolver casos de acoso, sin embargo, el sector feminista del PSOE exige una acción inmediata.

Lastra, quien ha estado alejada de la política nacional durante tres años, se pronunció en contra de la designación de Salazar como secretario de Organización adjunto en el momento en que surgieron las denuncias. Su postura fue notablemente diferente a la de Pilar Alegría, líder del PSOE de Aragón, quien defendió a Salazar. Posteriormente, se llevó a cabo una Ejecutiva de urgencia que resultó en la dimisión de Salazar de todos sus cargos.

Cinco meses después de que estallara el escándalo, Lastra ha vuelto a la política nacional, instando a que el caso sea llevado a la Fiscalía. Durante una reunión reciente, la representante de Igualdad de los socialistas asturianos, Natalia González, también solicitó que se investigara el caso, sugiriendo la posibilidad de un delito de violencia de género. A pesar de la presión, la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva, Pilar Bernabé, pidió tiempo y se mostró reacia a acudir a la Fiscalía por el momento.

Ferraz ha defendido su gestión, asegurando que están cumpliendo con los plazos establecidos para la instrucción del caso. El protocolo del PSOE establece que el análisis de las actuaciones debe completarse en un máximo de tres meses, con la posibilidad de una prórroga en casos complejos. Las normas exigen que una persona designada por el partido se comunique con las partes involucradas en el proceso.

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